Procesan a un legislador porteño
Pasaron dos años, pero las esquirlas de la polémica por el contrato de Mobiliario Urbano del 2008 todavía se sienten, y este martes se conoció el pedido de procesamiento del legislador porteño del PRO Patricio Di Stéfano, por parte del juez Facundo Cubas, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 49.
La causa es la Nº 27524/08. Esta situación llega a raíz de una denuncia presentada por la empresa Spinazzola, que inició acciones judiciales por sentirse perjudicado en la licitación. La empresa, en su momento, pidió suspender el proceso licitatorio, y denunció y presentó una querella a funcionarios del Gobierno de la Ciudad por defraudación a la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Entre los funcionarios se encuentran Patricio Di Stéfano, que antes de ser legislador se desempeñó como integrante de la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública Nº 01/MMAGC/2006 del GCBA; es decir, el contrato en cuestión, uno de los más costosos del Ejecutivo, y que se encarga de la distribución de publicidad en la vía pública. Así se lo confirmó a NOTICIAS URBANAS ex legislador vinculado al PJ de la Capital, Eduardo Valdéz, que, en su momento, realizó una presentación ante la Comisión de Ética de la Legislatura por el tema.
El 7 de octubre del 2008, Augusto Ibero Spinazzola, en representación de la empresa, amplió la denuncia contra el actual legislador (además del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo), quienes “resultan coautores, partícipes, cómplices o instigadores” de las irregularidades mencionadas. En la ampliación, agregan: “Di Stéfano firmó como integrante de la Comisión Evaluadora el informe de evaluación –tan cuestionado desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal- cuando ya era legislador de la Ciudad (asumió el 29 de mayo del 2008)».
Teniendo en cuenta esto, al diputado macrista se lo acusa de “abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público”.
Mariano Berges, abogado en representación de la empresa, adelantó a esta agencia que apelarán la medida porque, a pesar del procesamiento de Di Stéfano, se sobreseyó al ministro Piccardo, y otros funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, como Tomás Palastanga y Horacio Tonelli, otros dos miembros de la Comisión Evaluadora.
LA RESPUESTA DE DI STÉFANO
Consultado por NU, el legislador Patricio Di Stéfano señaló, con relación a la denuncia presentada por Spinazzola, que «se trata de una denuncia realizada por una empresa que tuvo el negocio del mobiliario urbano durante una década y que perdió la licitación».
Sobre su doble función, como legislador y funcionario, agregó que «la Legislatura de la Ciudad ratificó 3 veces, mediante resoluciones internas de la Junta de Etica en el año 2008, la inexistencia de incompatibilidad, por tratarse de un trabajo Ad-Honorem, no vinculante y concluído con anterioridad al cargo de Legislador porteño».
Por último, adelantó que apeló la medida del juez Cubas.
HISTORIA
El Mobiliario Urbano se trata de la fabricación, instalación y mantenimiento de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y pantallas publicitarias que reemplazarán a las actuales, bancos y bicicleteros. Es un negocio que representa un ingreso de 300 millones de pesos anuales, por diez años.
Tras numerosas idas y vueltas, denuncias y amparos, el polémico contrato se terminó adjudicando en marzo del 2009. El proceso licitatorio, plagado de inconvenientes, terminó en instancias judiciales a raíz de la recurrente queja por parte de la empresa Spinazzola, una de las empresas que históricamente se encargada de los refugios de las paradas de colectivos y que quedó fuera de las seleccionadas de uno de los contratos más costosos para el Gobierno porteño.
La empresa destacó, entre otras irregularidades, la presentación de «papeles adulterados» por parte de empresa Publicidad Sarmiento (una de sus competidoras); y modificaciones en los términos del contrato por parte del gobierno porteño diez meses después de abierto el sobre 2 con los antecedentes de cada firma.
En cuanto al primer punto, luego de que el juez Facundo Cubas dictara el sobreseimiento de los hermanos Terranova en dos ocasiones, en febrero de 2009 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó dicho fallo y con la firma de los jueces de la Sala VI, Julio Marcelo Lucini y Mario Filozof, el documento agrega por primera vez que «debe considerarse conveniente convocarse a Orlando Roberto y Eduardo Raúl Terranova, a Salvador Antonio Vidal (Municipalidad de Mendoza, y cuñado de uno de los hermanos) y a Isabel Salas de Páez (Tucumán)», para que se les tome una declaración indagatoria.
Mientras las empresas adjudicatarias del contrato de Mobiliario Urbano (además de Publicidad Sarmiento, PC Vía Pública y Grupo al Sur, ligada al secretario de Medios, Enrique «Pepe» Albistur, quien al igual que Spinazzola denunció por irregularidades a Sarmiento y al Gobierno porteño, pero desistió una vez adjudicado el contrato) desarrollan sus actividad, se realizó una declaración indagatoria, que tuvo como resultado que el juez Luis Rodríguez, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 49 de forma interina por licencia de su titular, el juez Facundo Cubas, dictó el 24 de abril del mismo año el procesamiento de los Terranova, y también de los funcionarios Vidal y Salas de Páez.
Por Patricio Tesei
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