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Más de 10 mil industrias siguen sin controlarse en el Riachuelo

3 de junio de 2011


La falta de avances significativos en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo quedó expuesta nuevamente en la audiencia pública realizada el 1de Junio ante la Corte Suprema. El dato más significativo es que de 19.000 empresas instaladas en la zona afectada por la contaminación fueron inspeccionadas menos de la mitad desde que, hace casi tres años, el tribunal condenó a la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a implementar un plan de saneamiento.

A partir de este fallo histórico firmado en julio de 2008, conocido como “Caso Mendoza”, la Corte puso en manos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la puesta en marcha de este plan de saneamiento.

Juan José Mussi, Presidente de ACUMAR reclamó “certezas para evitar que cambien los funcionarios y los gobiernos y que todo siga igual”.
Un vocero del tribunal añadió “Las obras están muy atrasadas, hace falta un fuerte control, porque si no se controla, no se hace nada”.

“Se está avanzando en algunos aspectos del plan pero muy lentamente, el tema de la salud de los habitantes de la cuenca todavía está en un nebulosa, y las mediciones que hace la ACUMAR cambian con cada gestión. Hay avances pero hace falta un fuerte control sobre las obras y sobre el manejo de los fondos. Nunca sabemos cómo diagnosticar y cuál es el grado de avance”, agregó.

De todas formas, en la Corte reconocen que de las tres gestiones del ACUMAR, “La actual, es la que más idea tiene de la problemática”. Antes del actual Secretario de Ambiente de la Nación, estuvieron al frente de la ACUMAR, Romina Picolotti y Homero Bibiloni.

Mussi, ex intendente de Berazategui, fue uno de los convocados por la Corte para la audiencia pública de ayer. Y luego de un informe, fue el único de los expositores que recibió numerosas preguntas por partes de los jueces de la Corte, en busca de precisiones sobre la marcha del plan.

El funcionario explicó que de las 9.928 empresas inspeccionadas hasta el presente, de un total de 19.000, unas 529 fueron declaradas contaminantes y –a la fecha– hay 126 en plan de reconversión.

Seis de los siete jueces de la Corte escucharon ayer, durante más de dos horas, a Mussi, al adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y a Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación.

Despouy planteó problemas fundamentales y de fondo que le dificultan su labor de control, como ser la falta de identificación adecuada de las partidas presupuestarias. Señaló que, como consecuencia de esta situación, sólo auditaron el 8% de las obras. En la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta, Elena Highton, y los jueces Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.

Entre otros temas, los jueces reclamaron precisiones sobre la disparidad de los informes presentados desde 2008 a la fecha; los resultados de los diagnósticos de salud realizados a la población más desprotegida (especialmente a los chicos en riesgo); el nivel y los plazos de ejecución de obras de saneamiento cloacal y de las plantas depuradoras; la calidad actual de los vertidos en la cuenca; el avance en el trabajo emprendido en la relocalización de empresas contaminantes; la utilización de los créditos obtenidos y el flujo de recursos que se incorporará al fideicomiso para garantizar la regularidad de las obras. Los jueces también reclamaron conclusiones sobre el estado de cumplimiento del cronograma para la eliminación de basurales a cielo abierto y los resultados de los censos e inspecciones realizados a las empresas para determinar su nivel de contaminación.
Sobre este último punto, Mussi informó que, según los datos obtenidos hasta la fecha, unas 50 empresas son responsables del 95% de la contaminación.

El funcionario sostuvo que 762.000 vecinos se beneficiaron con la expansión de la red cloacal y 2.100.000 “ya no sufren inundaciones con los nuevos desagües pluviales”. Mussi expresó que de los habitantes en asentamientos precarios la ACUMAR “consiguió que 13.150 familias hoy tengan una vivienda digna” y sostuvo que el 2 de mayo relocalizó en el partido bonaerense de Avellaneda a 81 personas asentadas debajo del Puente Bosch. Por último, Mussi dio detalles de las tareas de reubicación de los 12.000 puestos instalados en la llamada “Saladita” (ver Desalojarán…).

Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto, Anselmo Sella, consideró necesario profundizar políticas “para que los derechos ambientales puedan ejercerse plenamente”.

La jueza Highton de Nolasco puso énfasis en saber cuáles eran las políticas que se llevan a cabo para solucionar los problemas de los niños que viven en la zona e instó a buscar “equipos de respuesta rápida de asistencia”. La jueza Argibay, por su parte, pidió detalles sobre las tareas de reubicación de los habitantes de la cuenca, preguntó a los funcionarios si los pobladores fueron mudados en forma compulsiva, y destacó que era necesario contemplar vacantes escolares para los niños trasladados, así como proximidad con la fuente de trabajo de los adultos.

Luego de una inspección aérea y terrestre, que realizarán en los próximos días, los jueces de la Corte evaluarán si adoptan alguna medida para acelerar el plan de saneamiento de la zona, donde viven unas 6 millones de personas.

Presupuesto de $ 390 millones para ACUMAR
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un organismo creado por ley en noviembre de 2006, e integrado por la Secretaría de Ambiente de la Nación y los Gobiernos de la Provincia y la Ciudad. El presupuesto del ente para este año es de $ 390 millones: 280 que pone la Nación, 85 la Provincia y 25 la Ciudad. Y el saneamiento cuenta con financiamiento del BID y el Banco Mundial.

Luis Alberto Serres

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