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Revista mi Barrio

Periódico barrial de Villa Real y Versalles, barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rechazo a la persecución penal del ejercicio del periodismo

diciembre 17, 2012

persecución penalLa Legislatura aprobó una declaración, mediante la cual manifiesta su más enérgico rechazo a la persecución penal del ejercicio del periodismo y reivindica el derecho a la más amplia difusión de ideas e información. La propuesta fue de las Diputadas Gabriela CerrutiDelia Bisutti y el Diputado Edgardo Form (NE). En el mismo sentido expresó su más plena solidaridad con los periodistas y demás ciudadanos que fueran recientemente denunciados judicialmente por el monopólico multimedios Grupo «Clarín» como posibles partícipes de «incitar a  la violencia colectiva», en un ilegítimo y malicioso intento de amendrentamiento y de represión de la libre expresión de las opiniones, a propuesta del Diputado Pablo Bergel (PSur).

Los fundamentos de la iniciativa  destacan, que «como es de público conocimiento, el Grupo Clarín presentó una demanda judicial contra los/as periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero, Nora Veiras, Orlando Barone y Javier Vicente, también contra algunos funcionarios del Gobierno Nacional, Legisladores de la Ciudad y movimientos y agrupaciones políticas.

La denuncia tuvo por objeto algunas declaraciones donde se volcaban opiniones sobre las distintas acciones que por estos días lleva adelante el Grupo Clarín, vinculadas a la plena entrada en vigencia de todo el plexo normativo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras. Y agrega que «el Grupo Clarín encuadró los hechos denunciados en el delito de incitación a la violencia y coacción agravada, en otras palabras, al enmarcar las expresiones mencionadas en una figura penal l o que se termina por hacer es criminalizar la opinión sobre un tema de interés público. Además hay que destacar que en 2009, y a sólo un mes de haber sancionado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Congreso Nacional dio un importante paso para garantizar la libertad de expresión en nuestro país y adecuar la legislación a los estándares internacionales en la materia, despenalizando las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público».

 

Luis Alberto Serres

 

 

 

 

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