Patrones de la vereda

Por Camilo Cagnacci

Se estima que los cuidacoches recaudan cerca de 100 millones al año. Mientras el Pro, con Ritondo a la cabeza, propone nuevamente prohibirlos, el FpV plantea darle un marco legal a la actividad.

Los trapitos se han convertido en una suerte de trofeo que tanto el Pro como el Frente para la Victoria se niegan a resignar. Claro, el botín es grande, dado que se disputan una franja de la sociedad que se siente frágil ante la actividad de los cuidacoches y que no sabe cómo enfrentarla.

Es que, se supone, el Estado debería dar la respuesta. Sin embargo, la especulación política en función de los réditos y prejuicios sociales ha podido más. Por lo que la ausencia estatal en el ámbito callejero termina dando vía libre al accionar de estos grupos que, por lo general, actúan en forma intimidatoria sobre quienes buscan un lugar donde estacionar, en pos de conseguir un dinero.

También hay honrosas excepciones. Como en las que gente humilde, e incluso anciana, debe ofrecer el servicio de cuidador para hacerse de un plato de comida diario. Pero son los menos, dado que “la mafia de los trapitos” es una de las organizaciones delictivas que más ha crecido en los últimos años.

Se estima que esta organización recauda alrededor de 100 millones de pesos al año. Y para quienes aún crean que se trata de simples improvisados, vale destacar que los trapitos se mueven dentro de una estructura perfectamente diseñada, con escalafones, categorías y, por ende, diversidad en los ingresos.

La recaudación general es monitoreada por los jefes del operativo, y dentro del esquema se contempla la parte que corresponde a los efectivos policiales, que miran para otro lado ante el accionar, muchas veces agresivo, de los cuidacoches.

Los puntos más afectados de la Ciudad son Puerto Madero, Palermo –sobre todo en torno a La Rural, el Jardín Zoológico y los bosques–, Belgrano, Colegiales, San Telmo y Las Cañitas, barrio donde los cuidacoches terminan convirtiéndose en eventuales valet parkings urbanos, ya que les piden a los conductores que estacionen sus autos en doble fila o que, incluso, les dejen las llaves con el fin de tener acceso al vehículo en el caso de tener que correrlos.

Es que en numerosos casos, sin respetar ningún tipo de señalización ni norma vigente, los trapitos obstaculizan sin problemas rampas para discapacitados y sendas peatonales. Accionar que perturba a más de un vecino.

“A pesar de que hay patrulleros y agentes para hacer prevención del delito, la policía no controla estos temas. Y no tenés forma de denunciarlo. Es como un agujero negro que tenemos en Las Cañitas, no hay nadie que se haga cargo”, se quejó Alejandra Rodríguez, secretaria de la organización Cañitas Activa por la Calidad de Vida.

El dueño de uno de los restaurantes de la zona sostuvo que al planificar el polo gastronómico no se tuvo en cuenta el problema del estacionamiento de vehículos y, por consiguiente, no se estableció una infraestructura acorde con la afluencia de gente. Y subrayó como un inconveniente fundamental que los trapitos pidan sumas fijas por cuidar los vehículos, ya que mucha gente se va, no dispuesta a pagarla. En este sentido, destacó que es necesario hallar una solución eficaz y que sirva también a los comerciantes: “Si la gente se va, perdemos todos”, alegó.

Los trapitos también están siempre alrededor de todo espectáculo masivo, sea un recital o un partido de fútbol. En los estadios, los cuidacoches se vinculan con las barras bravas de los clubes, que actúan en connivencia con la policía y los dirigentes.

A pesar de que desde hace cuatro años el Pro quiere prohibir la actividad, penando a quienes la desarrollen con multas que oscilan entre los 200 y los 2.000 pesos o con hasta cinco días de prisión, fue la muerte de un trapito en Villa General Mitre (posiblemente por un ajuste de cuentas), durante este último verano, el motor que movilizó la necesidad de volver a dar el debate.

No era la primera vez que un trapito caía asesinado en la Ciudad. El 3 de noviembre pasado, una discusión entre cuidacoches en la avenida Sarmiento, a una cuadra de Plaza Italia, terminó con uno de ellos muerto. La víctima fue Daniel Flores, de 28 años, padre de tres chicos, quien fue apuñalado en el pecho por un colega.

En febrero, tras conocerse el segundo homicidio, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reflexionó: “¿Cuántas muertes más tenemos que soportar para que se prohíba la actividad de los trapitos en la Ciudad? (…) Estas cosas no pueden seguir pasando“, y argumentó: “Enviamos nuevamente a la Legislatura el proyecto para modificar el Código Contravencional y una vez más fue rechazado por la oposición. Sabemos de los aprietes que sufren los vecinos por parte de los trapitos. Es por eso que no queremos reglamentar la actividad; queremos prohibirla para que todos puedan dejar tranquilos el auto en la calle sin temor a agresiones“. Por lo que concluyó con una promesa: “Vamos a seguir insistiendo con esta ley porque la calle es de todos, no de los que quieren hacer un negocio de ello“. El proyecto también contempla la prohibición de la actividad de los limpiavidrios.

Según el vicepresidente 1º de la Legislatura y autor del proyecto, Cristian Ritondo, “la iniciativa pretende devolverles a los vecinos la tranquilidad y la posibilidad de transitar por la vía pública sin temor o limitación alguna, sin miedo a estar vigilados o perseguidos con fines legales”. “Con esta ley queremos darles a los vecinos mayor seguridad jurídica, agilizando los procedimientos de modo que quien cometió una contravención flagrante reciba una condena rápida sin detrimento alguno de sus derechos constitucionales de debido proceso legal y defensa. Esto permitiría terminar con la puerta giratoria y los plazos interminables para dictar sentencia”, agregó.

La propuesta introduce una modificación en la Ley de Procedimientos Contravencionales para que la resolución de las causas sea más rápida y menos burocrática y así lograr que ante un caso flagrante de contravención se llegue a una resolución efectiva en un plazo no mayor a las 48 horas.

Para el kirchnerismo porteño, la iniciativa impulsada por el hoy hombre fuerte de la Legislatura resulta ser una “política represiva, que persigue a los cuidacoches y discrimina y estigmatiza a gran parte de ellos, quienes ejercen una actividad de mera subsistencia”.

Al respecto, las diputadas Gabriela Alegre y Claudia Neira, la última incorporación del bloque, decidieron presentar un proyecto que impulsa la creación de un registro de cuidadores de vehículos, que funcionaría bajo el ámbito de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

Para Neira, actual vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, “el Pro plantea prohibir los trapitos porque le resulta más fácil que intervenir desde el Estado para ordenar y controlar estas actividades”. Según la legisladora, “prohibir no es solución. Quienes quieren delinquir y lo hacen a través de estas actividades se irían a buscar otra actividad que les permita robar. En cambio, los que pagarán el costo son las personas que encuentran en esta actividad un rebusque de subsistencia”.

Las diputadas coinciden en que el Estado no puede desentenderse de la situación de los jóvenes que ejercen estas actividades, por ello el proyecto prevé la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad.

Asimismo, el proyecto K promete prioridad de inscripción para los jubilados y pensionados, los adultos mayores sin beneficio previsional, las personas que padezcan algún tipo de discapacidad, aquellas que integran familias numerosas, o en las que alguno de sus miembros padezca algún tipo de discapacidad, las jefas de hogar y las personas en situación de calle. Y contempla, como penalización ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas, la revocación del permiso. Además, impone sanciones por cuidar coches sin autorización y con penas agravadas para aquellos que participen de su organización.

¿Es viable la regulación en función de nuestra idiosincrasia? ¡Qué interrogante! Aunque difícilmente podamos imaginar un sistema organizado y “a voluntad”, como el uruguayo, en esta materia.

Es probable que la salida más fácil sea la prohibición. Aunque ¿es viable si solo se ampara en la represión y el asistencialismo? Para Rodríguez Larreta, sí. “Si hay gente que necesita ayuda, tenemos planes sociales. Hay mucha mafia, gente que sufre que le rayen el auto si no paga”, dijo el ministro coordinador del Pro.

Simpática coincidencia entre el kirchnerismo y el macrismo podemos encontrar en la forma de concebir la utilización del subsidio.

Consultado sobre dónde está la solución al conflicto, el ex concejal ucedeísta Carlos Maslatón aseguró: “Las dos posturas son políticamente irreales y están destinadas a fracasar”. Para el dirigente liberal, “el Pro, al proponer la proscripción del trapito, está prometiendo algo que no va a poder cumplir”, ya que “la prohibición requiere represión, y es lo que de ningún modo el macrismo va a poder llevar a cabo por razones operacionales y por razones de costo económico”. El dirigente añadió: “La regulación que propone el Frente para la Victoria es absurda. La tarifación del servicio del cuidado de automotores en la vía pública no puede estar sujeta a reglamentaciones administrativas ni a la fijación de tarifas contrarias a la voluntad de las partes contratantes. De todos los males posibles, el caótico y anárquico actual es el menor de todos”.

“La única postura razonable que encuentro por parte de los poderes del Estado es la advertencia de que atacar en venganza o destruir un automóvil por la decisión de su propietario de no acordar una propina son hechos ilegales que deben ser reprimidos y castigados por la ley contravencional o penal vigente. De ningún modo encuentro que una institucionalización como la que se propone pueda reemplazar eficientemente la superación de los abusos y arbitrariedades que se intentan impedir. Y exhorto a las dos posiciones a pensar mejor la cuestión antes de aventurarse en caminos legislativos que generarán una nueva catástrofe urbana”, concluyó Maslatón.

El Pro necesita 31 votos para conseguir la aprobación de su proyecto, los mismos 31 votos que se le vienen negando desde hace cuatro años. Deberá apelar al apoyo del interbloque Unen. ¿La centroizquierda no K hará honor a los dichos que Carrió tuvo para con el macrismo? ¿O se encolumnará tras las posturas más radicalizadas que plantean Pino Solanas y Binner? El rol que juegue el radicalismo allí es clave, ya que el bloque SUMA+ es el principal socio del interbloque en la Legislatura: cuentan con cuatro votos.

Al respecto, el legislador Jorge Garayalde sostuvo: “Nosotros estamos en 28 votos, pero se supone que Unen, con su discurso de ayudar a la seguridad de los porteños, votará a favor el expediente. No tendrían por qué no hacerlo”.

 

 

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