Correo de Lectores
El lector Martín Zapiola Guerrico, nos hizo llegar este Correo de Lectores, sobre el proceso Judicial, al que el GCABA está sometiendo a los Vecinos que interpusieron un recurso de Amparo, para preservar la Plaza Intendente Alvear, de la construcción en ese lugar de la Estación de Subte de la Línea H, “Julieta Lantieri – Facultad de Derecho”, a continuación reproducimos la Carta que Nos envió, después de salir publicada en el Diario La Nación.
Luis Alberto Serres
Mensaje nefasto
Hoy está prevista la inauguración de la estación de subte de la línea H Julieta Lanteri-Facultad de Derecho, una muy buena noticia para todos. Beneficiará a más de 25.000 alumnos que asisten a la facultad y a los concurrentes al Museo de Bellas Artes y al Centro Municipal de Exposiciones. Sin embargo, pocos recuerdan que originalmente el gobierno de la ciudad intentó construirla en la icónica Plaza Intendente Alvear (en violación a la ley que la designa como área de protección histórica), donde estaría separada de aquellos establecimientos por dos anchas avenidas (Pueyrredón y Libertador) que dificultan el acceso de los transeúntes. Ante la escena de múltiples retroexcavadoras destruyendo la añosa vegetación de la plaza, un grupo de ciudadanos acudieron a la Justicia, que ordenó la inmediata detención de la obra: una destacada paisajista, un profesor de música y una ONG dedicada a la protección del patrimonio histórico de la ciudad plantearon un recurso de amparo que impidió la concreción de dicha obra ilegal (el juez detalló puntillosamente las razones de esa ilegalidad). Tiempo después, la Legislatura porteña sancionó una ley que define la relocalización de la estación en su actual ubicación y prevé su vinculación con la estación Retiro de la línea C, con una parada intermedia en Barrio 31.
Hasta aquí podemos ver que una decidida acción ciudadana permitió corregir una medida oficial equivocada y obtener una solución superadora para todos. Salvo que vivamos en el «reino del revés». Lamentablemente, el gobierno no lo consideró así, porque demandó a los ciudadanos que actuaron para detener la obra ilegal, reclamándoles una suma equivalente a tres millones de dólares por los «daños y perjuicios» supuestamente derivados de tal acción. La paisajista, el profesor de música y la ONG están sometidos hoy a un injusto proceso judicial -y ante una potencial condena millonaria- por el pecado de intentar corregir, por las vías que prevé la ley, una decisión gubernamental dañosa y equivocada. El mensaje oficial es nefasto: los ciudadanos no deben involucrarse en cuestiones de interés público; es mejor resignarse y mirar para un costado, que perderlo todo por luchar por lo que es de todos.
Espero que quienes disfruten en el futuro de la flamante estación de subte (y en especial los estudiantes de la Facultad de Derecho) conozcan y recuerden la historia completa de su construcción. Y que no acepten el mensaje domesticador: a la ciudad la tenemos que cuidar entre todos.
Martín Zapiola Guerrico
DNI 12.045.694
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