Doná sangre

La Crisis de la población inquilina en números

7 de junio de 2021

Analizar la situación a la que se enfrenta la población inquilina en Argentina, representa un desafío debido a que no existen datos elaborados por entes gubernamentales que den cuenta de ella.

 

 

Analizar la situación a la que se enfrenta la población inquilina en Argentina, representa un desafío debido a que no existen datos elaborados por entes gubernamentales que den cuenta de ella. No se elaboran datos que relacionen el régimen de tenencia de la vivienda con la situación de pobreza, hacinamiento, condiciones de sanidad, acceso a servicios públicos elementales, ni situación ambiental.

 

No sabemos cuántos de los hogares inquilinos son sostenidos por mujeres, ni cuántos menores de 14 años viven en viviendas alquiladas, ni qué cantidad de personas que alquilan, tienen como único ingreso, una jubilación.

En el presente informe se relevan datos de diversas fuentes, entre las que se destacan las siguientes:

 

gubernamentales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales); internacionales (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas), ONG (Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria – Reporte Inmobiliario).

 

A partir de los datos analizados, en este informe se han elaborado otros datos que permiten tener una aproximación a la comprensión de la compleja realidad que vive el 19,7% de los hogares de Argentina en relación al alquiler.

 

La insuficiente producción de información sobre la realidad de la población inquilina, conlleva también a la indiferencia en cuanto a la regulación del acceso al suelo, lo cual conduce a la falta de políticas públicas que permitan a esta población trabajadora acceder al Derecho Humano a la Vivienda Adecuada en condiciones dignas.

 

Este fue el disparador del “INFORME PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN INQUILINA EN ARGENTINA – Junio 2021”, realizado por Magalí Zirulnikoff[1] para la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria.

 

PRINCIPALES RESULTADOS

 

Son aproximadamente 7.669.953 las personas que alquilan. El 16,8% de la población argentina y el 19,7% de los Hogares.

 

Según el Índice de Pobreza Multidimensional[2] el 57,3% de la población (46% de los hogares) presenta al menos una de estas dos situaciones de pobreza monetaria o no monetaria mientras que el 30,7% presenta ambas formas (21,7% de hogares).[3]

 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales no considera a los hogares inquilinos como una forma de tenencia irregular, aunque esta población tenga contrato informal en la vivienda que alquila. El 30,4 % de los hogares inquilinos, carece de contrato escrito.[4]

 

En la Ciudad de Buenos Aires un alquiler promedio de 3 ambientes representa el 58,53% del salario promedio de trabajadores estables y el 145,44% del salario mínimo.

 

En el Gran Buenos Aires el alquiler promedio de 3 ambientes representa el 53,97% del salario promedio de trabajadores estables y el 134,1% del salario mínimo.

 

En el resto del país el alquiler de 3 ambientes representa el 43% del salario promedio de trabajadores estables y el 107% del salario mínimo.

 

Actualmente, según lo explicado por el INDEC, la “CBT (Canasta Básica Total) refleja los gastos totales de una población de referencia. Esto es, amplía la CBA (Canasta Básica Alimentaria) para considerar los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etc.), pero no de toda la población urbana, sino sólo de un grupo de hogares que cubre con su consumo las necesidades alimentarias de la CBA.”[5]

En el cálculo de la CBT, el gasto de alquilar una vivienda se promedia con los gastos que tiene la población propietaria y con gastos en energía, por lo que no da cuenta de la situación económica de las personas y hogares que alquilan.

Para abril de 2021, el valor de la CBT fue de $20.374 por adulto equivalente. Para un hogar de referencia integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la CBT asciende a $62.957 ($20.374 x 3,09 adultos equivalentes). Esto quiere decir, que este hogar necesitó ingresos totales superiores a $62.957,54 para cubrir el valor de dicha CBT y no ser considerado pobre.

 

Si tomamos como referencia la canasta Alimentaria para abril de 2021, el valor de la CBA era de $ 8.633 por adulto equivalente. Entonces, la CBA para este Hogar se calcula en $26.676.

 

Debido a que no existe una relación entre sueldos y valor del suelo, el 63,4%[6] de la población inquilina compromete más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler (de este 63,4%, el 19,8% destina el 60% de sus ingresos al alquiler).

 

Al tener más del 40% de los ingresos comprometidos para satisfacer la necesidad de vivienda, gran parte de la población inquilina no puede satisfacer las necesidades básicas del hogar. El 61% de los hogares encuestados (Comunidad Federal Inquilina y No propietaria – EFI Pandemia 2020), reconoce haber sacrificado necesidades básicas por la situación económica del hogar.

 

El 63,2% de los hogares inquilinos se endeudó durante la pandemia. La forma de endeudamiento no es una sola: el 33,6% de la población inquilina se endeudó con préstamos personales para poder pagar el alquiler, el 31% no pudo pagar todos los servicios públicos, el 27,8% no pudo pagar la totalidad del alquiler y el 13% adeuda expensas.[7]

 

Para la población inquilina ingresar a un contrato de alquiler conlleva gastos de entre 2 y 6 salarios.

 

CONCLUSIONES

 

En Argentina hay aproximadamente 7.669.953 habitantes que necesitan soluciones concretas e inmediatas para evitar el hostigamiento y el abuso rentista y financiero que acapara la mayor parte de sus ingresos.

Hace pocas semanas el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat dijo: “Hemos trabajado mucho en conjunto y pudimos avanzar en un mecanismo para que ningún hipotecado UVA tenga que pagar por sobre el 35% de su salario y ahora cada banco tendrá que definir cuál va a ser el tipo de solución que le brindará a cada caso”. Y agregó “es muy heterogéneo el universo de los hipotecados, hay muchos que no tienen ningún riesgo, pero para los que sí lo tienen, tanto desde el Banco Central como desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat buscaremos soluciones particulares, con un encuadre justo y de tranquilidad”.

 

En este sentido, vale destacar la asimetría con la población que alquila, el criterio del límite del 35% de los ingresos debe ser para todos los hogares, no sólo para aquéllos que tuvieron la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Si los recursos del Estado pueden acompañar económicamente a emprendimientos privados de quienes tienen una propiedad e ingresos por encima de la media, también tiene que poder generar programas que acompañen económicamente a quienes tienen vulnerado el Derecho Humano y Constitucional a la vivienda digna.

 

En diálogo con Crónica Anunciada (FM Futurock), el ministro Jorge Ferraresi también afirmó, respecto a los alquileres que “es muy complejo aplicar políticas públicas sobre un tema en el que las asociaciones de inquilinos hablan de cerca de 4 millones, mientras que en la AFIP sólo hay inscriptos 193.000”.

 

Es inaceptable en este contexto, que las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat estén dirigidas a ampliar viviendas, construir a futuro y subsidiar a quienes ya tienen un lugar donde vivir sobre quienes no pesa la incertidumbre de quedarse sin techo.

 

Tampoco es aceptable que se desconozca al 19,7 % de hogares que componen la población inquilina cuya cifra surge de las Encuestas realizadas por organismos nacionales como la Encuesta Permanente de Hogares que realiza periódicamente el INDEC.

 

Es urgente un acompañamiento económico a los hogares inquilinos que no pueden afrontar las consecuencias de la falta de previsiones respecto a garantizarles condiciones dignas y justas para alquilar, o para acceder a la vivienda propia, digna y adecuada, que contemple sus ingresos.

 

[1] Magalí Zirulnikoff es una de las fundadoras de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Técnica Superior en Administración Pública.

[2]      Medición multidimensional de la pobreza basada en un enfoque de derechos, la cual contempla la situación de los hogares e individuos en las dimensiones vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social, y acceso a la salud. Cada una de dichas dimensiones se compone por una serie de indicadores que dan cuenta de las vulnerabilidades que cada una de las personas –y los hogares que habitan- pudiera presentar en ellos. Finalmente, para dar cuenta de la multidimensionalidad de la pobreza, se elabora un índice agregado el cual identifica como pobre multidimensional a toda aquella persona que presenta privaciones en al menos dos indicadores de distinta dimensión. Para obtener información detallada sobre la metodología de medición, ver el documento publicado “Pobreza Multidimensional”, sitio web:

 

https://www.argentina.gob.ar/informes-de-la-situacion-social/pobreza-multidimensional

[3]      Sistema de Indicadores Sociales – Abril 2021. Documento producido por el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), o con datos proporcionados por dicho Sistema.

[4]      Encuesta Federal Inquilina en contexto de Pandemia 2020 – Elaborada por la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. (EFI Pandemia 2020 – Publicada en enero 2021)

[5]      Canasta básica alimentaria y canasta básica total – Preguntas frecuentes – Notas al pie, N° 3 – Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

[6]      Encuesta Federal Inquilina en contexto de Pandemia 2020 – Elaborada por la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. (EFI Pandemia 2020 – Publicada en enero 2021)

[7]      Encuesta Federal Inquilina en contexto de Pandemia 2020 – Elaborada por la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. (EFI Pandemia 2020 – Publicada en enero 2021)

 

Jonatan Baldiviezo

Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad

 

 

 

 

 

 

 

 

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