La justicia le ordenó al GCBA finalizar el catálogo de edificios históricos
La sentencia de fondo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 10, a cargo del Dr. Aurelio Ammirato, alcanza a un universo de 141.000 edificios anteriores a 1941 que, antes de ser demolidos, deben ser evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales para su protección según criterios establecidos en el Código urbanístico y luego tratados en la Legislatura para su protección mediante una nueva ley.
Ya en Marzo de 2021, y tras una primera evaluación de esos 141.000 edificios anteriores al año 1941 por el CAAP se seleccionaron 18195 edificios para tratar su tratamiento en la legislatura. Sin embargo, muchos de los proyectos de ley perdieron estado parlamentario quedando el patrimonio histórico en un verdadero limbo legal.
Además; la falta de criterio del CAAP y la flexibilización de la protección legal por parte de la DGIUR está diluyendo las políticas de protección y gestión del patrimonio arquitectónico porteño como la ley 3056 que establece este Régimen de Prevención Preventiva del Patrimonio Porteño.
Las ONG y vecinos han documentado y llevado a la Justicia todo tipo de irregularidades en la aplicación del régimen de protección patrimonial; muchos de los permisos de obra del por el Poder Ejecutivo han sido duramente cuestionados por flexibilizar la protección legal votada por la Legislatura.
Conjuntamente al fallo judicial exigimos el tratamiento de los proyectos de ley con los inmuebles seleccionados por el CAAP para que finalmente queden protegidos con fuerza de ley.
Pero también; que se realice una auditoría al CAAP y a la DGUIR ya que; a pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se está modificando la escala e identidad de Buenos Aires para siempre.
La presentación judicial fue realizada por la Asociación Civil Basta de Demoler, la Fundación Ciudad y SOS Caballito, con el patrocinio del abogado Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Dra. María Carmen Usandivaras.
Luis Alberto Serres
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